El movimiento está recuperando comunidades y la gente regresará animada por López Obrador, sostiene el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui. Mientras el Presidente dijo que le dará protección, el Gobierno estatal prepara nueva orden de aprehensión por un secuestro fabricado, denuncia.
Por Maribel Gutiérrez
Rancho Las Marías; Acapulco, Guerrero, 4 de febrero (ElSur).- La imagen de Marco Antonio Suástegui Muñoz, con las manos y los pies esposados, encorvado por el dolor después de horas de tortura en la que le arrancaron a pisotones tres uñas de los pies, entrando a la cárcel de La Unión en medio de dos policías del estado que lo arrastran, el 17 de junio de 2014, impactó a los opositores a la presa La Parota.
El trato cruel al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) se difundió en periódicos y en televisión, y por miedo muchos jóvenes se alejaron del movimiento, pensaron que si seguían, su futuro sería también la cárcel y la tortura.
Era la tercera vez que Suástegui pisaba la cárcel acusado por las manifestaciones contra la presa La Parota; la cuarta y última fue el 7 de enero de 2018, cuando fue detenido en Acapulco con otros 37 integrantes del Cecop y de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec, y torturado por policías ministeriales del estado.
En 17 años el Cecop ha perdido fuerza, y la está recuperando desde la última salida de la cárcel del vocero y 17 de sus compañeros que estuvieron un año y medio presos en Acapulco.
Suástegui está convencido de que la gente regresará, alentada por la declaración de López Obrador de que no se hará la presa La Parota. “Va a dar mucho valor y mucho ánimo”.
“El Gobierno siempre nos ha acorralado, desde que comenzamos la lucha nos ha tenido contra la pared, nos ha golpeado. Pero también el movimiento era fuerte, llegamos a aglutinar 7 mil, 8 mil , hasta 12 mil personas, llegamos a ser 3 mil en una caminata en Acapulco.
“El Cecop llegó a aglutinar a 36 comunidades de 47 que conforman los Bienes Comunales de Cacahuatepec más los ejidos, estuvo con nosotros El Treinta, Ejido Nuevo, Sabanillas, Dos Arroyos, Los Huajes, Altos del Camarón, Agua de Perro, La Venta, La Tejería y comunidades de San Marcos. Entre comunidades, ejidos y tierras comunales aglutinamos cerca de 50 en contra del proyecto de la presa La Parota”.
–¿Por qué perdió fuerza el Cecop? –se le pregunta al vocero, en entrevista dentro de su parcela en la comunidad Rancho Las Marías.
–Hay muchos factores para que el Cecop fuera perdiendo fuerza. Al principio mucha gente que luchaba tenía 50 o 60 años de edad, el tiempo se nos vino encima, por vejez, enfermedades, son casi dos décadas de lucha, mucha gente ha muerto, también el Gobierno le apostó a la división, a la gente la separaron con dinero, y el Gobierno le apostó también al desgaste emocional, físico y económico”.
En estos casi 20 años no hubo algún proyecto de desarrollo para la comunidad indígena de Cacahuatepec y los ejidos que integran la región del río Papagayo. “Las comunidades siguen empobrecidas, este año no hubo maíz, yo antes recogía 10 toneladas en esta parcela de Rancho Las Marías, hoy voy a recoger una tonelada, nos alcanzó la sequía, el cambio climático, nos alcanzó la pobreza, el Gobierno no ha metido las manos con obras ni inversiones porque quería empobrecer a los campesinos para que dejaran las tierras, le quitaron el apoyo al campo”.
El otro motivo del debilitamiento es la represión. “Cuando me llevaron a Nayarit mucha gente le decía a mi familia: Marco se va podrir en la cárcel, a Marco lo van a traer en un estuche, la CFE le va regalar la caja de oro para que se venga muerto, a Marco ya le cortaron una pierna, ya le cortaron un brazo, Marco se está muriendo. Sembraron el terror, el miedo”.
Y repercutió lo que pasó en La Concepción el 7 de enero de 2018, cuando murieron 11 hombres, seis de los que están a favor de la presa y cinco del Cecop y de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec, entre ellos tres que fueron ejecutados por policías ministeriales del estado cuando ya estaban sometidos.
“Esto que pasó en La Concepción (11 muertos y 37 presos, muchos de ellos torturados) hizo que la gente se retirara”.
“¿Qué nos toca? Recobrar la gente.
“Después de mi salida de la cárcel (el 8 de junio de 2019, después de un año y cinco meses encerrado) teníamos seis comunidades solamente, hicimos recorridos y ahora tenemos 20 comunidades que no sólo están con el Cecop, también se están incorporando al sistema de justicia de la Policía Comunitaria. El proyecto de la defensa de la tierra va de la mano del proyecto de seguridad, no son lo mismo, cada uno tiene su labor, pero trabajan de la mano, en coordinación”.
DIECISIETE AÑOS BAJO PROCESO PENAL
Durante 17 años, sin interrupción, Marco Antonio Suástegui ha estado sometido a procesos penales, y hasta ahora tiene que firmar en los juzgados cada viernes para mantener su libertad. Tenía 27 años cuando comenzó el movimiento contra el proyecto La Parota y fue nombrado vocero, como otros tres que fueron abandonando el movimiento. Ahora tiene 44 años; más de tres años de su vida ha estado en prisión. Es el vocero, y es el primer blanco de la represión, y otros opositores a la presa también han sido encarcelados, golpeados, y en total diez comuneros y ejidatarios fueron asesinados por motivos relacionados con la lucha contra el proyecto hidroeléctrico de la CFE. El primero fue Tomás Cruz Zamora, el 18 de septiembre de 2005, y los últimos cinco el 7 de enero de 2018 en la masacre de La Concepción.
Marco Antonio Suástegui dio una entrevista dentro de su parcela, que tiene sembrada con maíz y pasto para alimento de ganado, junto a sus vacas que ese día estaba vacunando, vestido con pantalón de mezclilla, camisa de cuadros, huaraches y el sombrero negro que lo caracteriza.
Tiene que cargar siempre una mochila en la que guarda sus boletas de libertad.
Saca tres tarjetas, cada una es por un proceso penal en su contra en los que obtuvo libertad bajo fianza, después de año y medio preso en la cárcel de Las Cruces en Acapulco, y debe mostrarlas si lo detienen, y está en peligro de volver a prisión si no firma cada viernes en los juzgados.
Una es por lesiones calificadas, con el expediente 95/201-1, los agraviados son Jacinto Solís Vázquez y otros. Jacinto Solís, en los primeros años participó en el Cecop, y desde que se separó de la organización ha lanzado acusaciones contra el vocero.
Otro proceso es el 28/2014-1, el agraviado es el empresario que explota material pétreo del río Papagayo, conocido como gravillero, Humberto Marín, la acusación es por el delito de despojo.
La tercera boleta de libertad condicional es por lesiones agravadas contra Deyanira Bailón Valeriano, en el expediente 64/2014-2.
CUATRO NUEVAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN
Recientemente Suástegui se enteró de cuatro nuevas órdenes de aprehensión en su contra, las tres primeras por robo calificado del panteón de Amatillo, despojo y daños en propiedad ajena, el presunto agraviado es Narciso Ávila, en el juzgado 5 de lo penal.
El último es por secuestro en contra de Zurita Gallegos Solís y su mamá, está en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal acusatorio.
Mientras López Obrador dice que su Gobierno me va a proteger, el Gobierno de Astudillo prepara otra orden de aprehensión
Marco Antonio Suástegui se enteró de que se prepara una nueva orden de aprehensión en su contra, por el delito de secuestro, fabricado por mandos de la Policía Estatal, a partir de la denuncia de una mujer que es parte de la población de Cacahuatepec que está a favor de la presa y busca negocios derivados de ese proyecto.
Llega a una conclusión: “mientras López Obrador dice que su Gobierno me va a proteger, el Gobierno de Astudillo está planeando meterme a la cárcel otros cinco años”.
Desde diciembre Suástegui cuenta con medidas cautelares de la Secretaría de Gobernación, lleva siempre un teléfono satelital para comunicarse en el momento en que necesite protección ante agresiones o actos de hostigamiento.
El 20 de enero, cuando un reportero de la estación de radio Central FM preguntó, en la conferencia de prensa mañanera, si se va a construir la presa La Parota, también dijo que Marco Antonio Suástegui teme por su vida. El Presidente contestó “pues nosotros lo protegemos”.
Suástegui dice que el teléfono satelital le servirá para probar dónde se encontraba, en momentos en que la Policía del Estado y la Fiscalía pretendan ubicarlo en algún lugar distinto para fabricarle algún delito.
Dos agresiones había denunciado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Una, cuando el 12 de agosto de 2019 entró a su terreno en Rancho Las Marías un convoy de La Marina, encabezado por un oficial que se presentó como teniente Santos, del 22 batallón de Infantería de Acapulco, y en ríspida discusión con Suástegui dijo que estaba aquí porque quería conocer el lugar que se llama La Parota, donde había un proyecto para construir una presa. Suástegui le impidió pasar, golpeó dos veces con machete el cofre una de las camionetas de la Marina, y le mostró huellas de tortura que tiene en el cuerpo causadas por policías del estado.
Acusó a los marinos de ir al servicio de Zurita Gallegos Solís, Benita Solís Valeriano, y Mauro Gallegos, que son partidarios de la presa, y tienen la ambición de hacer negocios.
Desde un día antes, efectivos de la Marina entraron al terreno de Suástegui acompañando a las dos mujeres, madre e hija, tomaban fotos y preguntaron a los vecinos dónde estaba Marco Antonio, y destruyeron la cerca de alambre, mientras sobrevoló un helicóptero de la Marina.
Sobre esta denuncia, López Obrador declaró que en su Gobierno no se violan los derechos humanos y que preguntaría al secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, sobre lo sucedido.
El 10 de agosto, Suástegui se encontraba en Tlapa, cuando le avisaron que entraron a la comunidad Las Parotas, donde tiene otro terreno de cultivo, 17 patrullas de la Policía del Estado, Ministerial, Policía Federal, de la Secretaría de Marina y del Ejército, que lo buscaban porque supuestamente tenía a dos personas secuestradas.
En la queja que presentó en la CNDH Suástegui denunció que dos semanas antes recibió amenazas con su esposa “de tipos pertenecientes a la delincuencia organizada”.
El 15 de diciembre, Suástegui estaba en su terreno en una entrevista con reporteros de Ciudad de México, al terminar se dirigió a Cacahuatepec a la asamblea del Cecop, y en el camino fue emboscado y encañonado por agentes de la Policía del Estado.
Iba acompañado por tres policías comunitarios que levantaron sus armas de bajo calibre, y estuvieron de frente con los estatales que llevaban poderosas armas. Se dio una discusión en la que Suástegui reclamaba por las agresiones en su contra, y el comandante que iba al mando, de apellido Mariscal, le dijo que lo estaban buscando porque tenía a dos mujeres secuestradas (en referencia a Zurita y Benita), Suástegui le dijo que eso no era cierto, y que las acababa de ver en la carretera, que iban en su camioneta. “A pesar de la explicación me amenazó diciendo: yo tengo orden del gobernador de partirte tu madre, además ya sé dónde encontrarte, todos los viernes vas a firmar al juzgado y ahí te voy a agarrar”, dice la queja dirigida a la delegada de la Codehum en Acapulco, Fanny Ruth Lara Figueroa.
Para buscar que le dieran medidas de protección, por esta emboscada, Suástegui puso denuncia en la la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
El 25 de enero recibió una notificación de la Codehum, con fecha 10 de enero, en la que la Policía Estatal dice que no se violaron sus derechos, pide que se le niegue la protección y lo acusa de secuestro.
La Codehun anexa un informe del inspector general de la Policía del Estado, Jesús Hernández Baltazar, coordinador regional en Acapulco.
Presenta una tarjeta informativa del 15 de diciembre que dice que “se verificó el reporte de una privación de la libertad en el poblado Rancho las Marías, municipio de Acapulco”.
Dice que ese día policías estatales fueron a Rancho las Marías y “encontraron entre la maleza a una mujer que dijo llamarse Zurita Gallegos Solís, de 41 años y manifestó que se encontraba privada de la libertad por el c Marcos Antonio Suástegui, quien la amenazó de muerte con un machete”.
La policía la llevó a la agencia del MP de el Coloso para que presentara su denuncia.
El inspector pide en el escrito que se resuelva “no violación de los derechos humanos” de Suástegui, y en su lugar se le acuse de secuestro.
